Más de 55.000 adultos mayores sufren de demencias en Uruguay. Dentro del sistema de salud público uruguayo, que es universal, existe un vacío legal y epidemiológico que vulnera los derechos humanos básicos de estos pacientes. Hoy, hay una única respuesta disponible: fármacos para la moderación de la conducta. Estos son algunos de los hallazgos a los que arribó la flamante licenciada en Comunicación de la Universidad ORT Uruguay, María Pía Amorín, que realizó una investigación periodística como requisito para la obtención de su título de grado este año.
En Uruguay, se medica cuatro veces más a los pacientes con demencia que en países como Gran Bretaña o España. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe estima que una de cada cuatro personas son adultos mayores de 65 años en Uruguay en 2023. La falta de acompañamiento y de regulación del tratamiento afecta tanto la salud mental como física de los pacientes, como también a la de los cuidadores y familiares que los acompañan.
Esta investigación expone el conocimiento de autoridades en cuanto a los riesgos del consumo de psicofármacos para la calidad de vida de los adultos mayores. La Organización Mundial de la Salud generó un plan de acción mundial sobre la respuesta de salud pública a la demencia para el período 2017-2025, y la Asociación Uruguaya de Alzheimer y Similares, un plan nacional de demencias en 2016. Uruguay sigue sin aplicarlos. Este único método de tratamiento de las demencias inhibe el “cuidado y la atención necesarios para llevar una vida digna”, exponiendo la violación de los derechos a la salud, la educación y la capacitación, la autonomía y la dignidad de los adultos mayores con demencias.
En agosto de 2018, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos declaró que el compromiso que tiene Uruguay para llevar a cabo políticas para adultos mayores “es de lamentar”. La autora de este informe comenta que Uruguay posee el marco institucional necesario, pero “los medios y recursos insuficientes impiden la implementación de políticas”. Realizó un llamado de atención al gobierno, la sociedad civil y otros actores. Académicos y políticos exhortaron a que se modifique la Ley de Salud Mental para asegurar la “independencia y autonomía del órgano de control”, y ejecutar las medidas necesarias para cuidar la “accesibilidad, disponibilidad y calidad de los servicios de salud”. Esta ley es llamada en la investigación como “Ley Muerta”: nace sin vida, sin presupuesto para llevarla a cabo.
Para su tesis, Amorín realizó 37 entrevistas en profundidad. Dialogó con psicólogos, psiquiatras, geriatras, políticos y otros; y también realizó numerosos pedidos de acceso a información pública al Ministerio de Salud Pública (MSP) y a dependencias particulares del ministerio.
El interés por la temática de la salud mental en Uruguay la llevó a profundizar la realidad de un grupo vulnerado. Existe un “vacío epidemiológico” respecto a la información manejada por los técnicos especializados en este grupo. La falta de regulación sobre la aplicación de psicofármacos señaló el uso excesivo de un fármaco para el tratamiento de síndromes como las demencias: la Quetiapina. Este es un antipsicótico que generalmente es recetado a personas con trastornos de esquizofrenia o bipolaridad, y es uno de los más utilizados como sedante para los trastornos en la conducta de personas que sufren de demencias. Sustituye cualquier otro tratamiento psicosocial que acompañe y proteja la calidad de vida del paciente, sin cumplir con las medidas de buenas prácticas y de calidad definidas internacionalmente.
La “demencia” no implica una enfermedad sino un “término general” para referirse a los síndromes cerebrales que conllevan un deterioro de la función cognitiva. Este deterioro implica, en algunos síndromes como la enfermedad de Alzheimer, una “pérdida progresiva de la memoria”. “La pérdida de cognición es el tipo más grave de encierro existencial”, apunta Amorín en su investigación.
Algunos síntomas de un síndrome de demencia como la enfermedad de Alzheimer son depresión, inquietud, ansiedad, agitación o agresión. Estos síntomas conductuales suelen ser complejos para los afectados, los cuidadores, sus familiares, y la convivencia en los residenciales. Un entrevistado le conrmó a Amorín que el uso excesivo de fármacos “es lo más accesible y lo más cómodo; lo más fácil”. Se suma a esto, el impulso de la industria farmacéutica y la falta de regulación desde el MSP. No tienen dentro de sus metas asistenciales establecidas a la demencia ni a la población de adultos mayores. La preparación de estudiantes de medicina en Geriatría también es mínima.
La discriminación hacia los pacientes en la literatura médica es asumida por la sociedad, aumentando así la marginalización e invisibilización de los derechos básicos de estas personas. La falta de control de las autoridades y de recursos humanos y económicos en Uruguay ya ha sido resaltada también por investigaciones universitarias. Se estima que la población de adultos mayores que sufre de demencia tendrá un crecimiento del 107% para 2050. La no garantía de los derechos de esta población que está en crecimiento puede “constituir una violación a las obligaciones internacionales adquiridas de manera soberana por el mismo Estado”, concluye Amorín.
Este artículo fue publicado el 26 de setiembre de 2023 por el Laboratorio de Noticias de El Observador.
