—Pero no tengo nada que ver, no cometí ningún delito —dijo Juan.
—Señor, compórtese. Después tendrá tiempo para discutir —le respondió el oficial.
—¿A dónde me van a llevar?
—¡Cállese y hágame caso! —exclamó el policía.
Juan (nombre ficticio) fue llevado a prisión por un presunto delito de homicidio especialmente agravado y muy especialmente agravado en calidad de coautor. El caso es conocido debido a que fue proclamado —en primera instancia— como el primer transfemicidio de Uruguay. Sin embargo, la Justicia terminó revocando la sentencia contra William Izquierdo, amigo de Juan y autor del asesinato. Si bien cambió el motivo del homicidio y la carátula del caso, la pena se mantuvo vigente: 24 años de cárcel para Izquierdo.
La fiscalía solicitó una pena de 30 años para Juan. Después de tres años y cuatro meses en prisión, la Justicia dictó que era inocente y que no había pruebas para condenarlo, como él había mencionado desde el primer día que fue detenido. Pero para eso falta.
Según los datos publicados por el Ministerio del Interior, en el primer semestre de este año los homicidios aumentaron 39% respecto al mismo período de 2021, pasando de 135 casos —entre enero y junio de 2021— a 188 casos este año. Siguiendo en la misma línea, se registraron 346 homicidios en los primeros 11 meses del 2022, 46 casos más que en todo el año pasado, cuando hubo 300 casos. De esos 346 homicidios, 24 de ellos corresponden al mes de noviembre.
Juan e Izquierdo querían seguir drogándose, pero no tenían ni un peso para seguir comprando. El asesino tenía 20 años de edad y estaba buscando trabajo. Desde su adolescencia, arrastraba un consumo problemático de drogas.
Alrededor de las 13.30 del jueves 15 de noviembre de 2018, estaban en la zona de Piedras Blancas, situado en el noreste de la ciudad de Montevideo. El barrio debe a su nombre a las piedras de cuarzo de color blanco que había en la zona y que, durante años, fueron el punto de referencia y la puerta de entrada para viajantes y pasajeros que llegaban a la capital de Uruguay.
—¿Tenés droga por ahí? —le preguntó Juan.
—No, no tengo nada, se nos terminó en la madrugada, ¿no te acordás? —le respondió Izquierdo.
—Ahhh, verdad…
—Le podemos pedir plata a mi pareja si querés.
—Obvio, amigo, de una.
Fanny Aguiar —víctima y mujer trans— y William mantuvieron una relación “afectivo-sexual” en el año 2018, que comenzó unos dos meses antes del homicidio. Incluso, durante el último mes, mantuvieron concubinato en la casa de la víctima, sita en la calle Cufré.
El asesino estaba en situación de calle y “se lo llevó a vivir con él”. La víctima se vinculó afectivamente, pero ese sentimiento, genuino, puro, no era correspondido por el imputado. El acusado era “un excluido, un marginado, un mantenido”, una persona que se aprovechaba del ejercicio de la prostitución de Aguiar y no aportaba nada a los gastos del hogar, pretendiendo que lo mantuvieran.
William y Juan se dirigieron en taxi al domicilio de Aguiar con la finalidad de buscar más dinero para continuar consumiendo sustancias. Ante la ausencia de la víctima en su domicilio y, dado que Izquierdo no tenía llave, los acusados la esperaron —pidiéndole al conductor del taxi que esperara— y, una vez que arribó y subió a su departamento, William y Juan decidieron adentrarse en minutos más tarde.
—Escucha, necesito plata. ¿Me das? —le pidió Izquierdo a su pareja.
—No tengo en este momento. No tengo nada para darte —le respondió Aguiar.
—Dale, dame, ¡a mí no me mientas!
—No te voy a dar nada.
—Dale, no seas así. Si no tenés acá, vamos hasta un cajero y sacás plata.
—Dije que no.
—¡Dame plata o te mato! —la amenazó en tono agresivo.
Fue así que Izquierdo asesinó a su pareja, con una cuchilla de cocina de 20 centímetros de hoja, por el simple hecho de no darle dinero para adquirir droga. Al escuchar gritos, los vecinos llamaron al 911 solicitando presencia policial.
Aguiar ingresó a las 13:51:58, la entrada de ambos imputados a las 13:57. Juan bajó del apartamento a las 14:02, intentó salir, manipuló el codificador, comió algo que tenía en la mano —aparentemente una mandarina—, intentó infructuosamente salir del edificio, manipuló el codificador de la puerta y volvió sobre sus pasos. A las 14:03 regresó hacia atrás y se miró la mano; 14:05 reapareció en la cámara, pero con el torso desnudo y la remera en una mano, se la volvió a poner y aprovechó la salida de dos mujeres del edificio para salir del lugar. En definitiva, ingresó al edificio subiendo al apartamento de Aguiar —de donde tomó la mandarina— a las 13:57 y salió del edificio a las 14:02, o sea que, como máximo, permaneció allí cinco minutos. Juan le pidió al chofer del taxi que lo trasladara hasta la casa de su hermana, pero ante la negativa del taxista se retiró a pie.
De lo único que se tiene certeza sobre Juan —acusado por ser coautor del homicidio— es que tomó una mandarina y, al bajar, tenía la mano lastimada. La jueza, teniendo en cuenta todas las pruebas, no pudo probar más nada de lo que pasó durante los cinco minutos que él estuvo dentro del apartamento. Tampoco se pudo comprobar que haya sido partícipe de la discusión. Por lo tanto, no hubo prueba que permitiera concluir, con grado de certeza razonable, la participación de Juan en el homicidio.
El presunto “delincuente” pasó horrores en la cárcel; los compañeros lo trataron de mala forma. “Sufrió todo tipo de abuso. Es más, días previos a quedar en libertad recibió una puñalada en la nariz”, comentó su defensor de oficio, Diego Moreira. Ni bien los compañeros de celda se enteraron de porqué había sido detenido, no pararon de maltratarlo. Lo que vivió en la cárcel es la realidad de otros presos que pagan por el delito cometido.
—Vos te mereces lo peor —le dijo un compañero de celda.
—Pero yo no hice nada, en serio. No me hagan nada, por favor —le confesó Juan.
—Lo lamento, muchacho. Así nos manejamos acá.
—No, por favor. Créanme que estoy acá por error.
Mientras el inocente cumplía prisión preventiva, su defensor de oficio preparaba los papeles a la espera de la celebración del juicio: “Se hizo eterno porque se demoró el procedimiento judicial, pero finalmente pude cumplir con mi trabajo y la injusticia para mi cliente acabó”. Según él, el arresto provisional en Uruguay se da en exceso y esto se debe a los riesgos procesales que son tomados en cuenta por la Fiscalía. “Si al delincuente lo ven como un riesgo para la sociedad y/o para la víctima, no hay alternativa para no cumplir con este tipo de arresto”, agregó Moreira.
El abogado Javier Viotti se mantuvo en la misma línea que Moreira y dijo que “una de las cosas que la Justicia uruguaya tiene que modificar es el exceso del arresto provisional”.
Desde 2012, el 2 de octubre de cada año se celebra el Día Internacional de la Condena Errada. Se trata de una campaña —según las autoridades— que tiene como objetivo crear conciencia sobre las causas y remedios de las condenas erradas, así como promover el reconocimiento de los enormes daños personales, emocionales y sociales que estas condenas tienen en las personas inocentes, sus familias, amigos y comunidades.
Los antecedentes cumplen un rol decisivo para determinar la prisión preventiva y sus factores. “Siempre digo en las audiencias que es como un muro infranqueable si los delincuentes poseen antecedentes porque la Fiscalía ya los va a tomar como si fueran un riesgo para la sociedad”, comentó Moreira. Y añadió: “Cuando tienen antecedentes es muy difícil que la persona no cumpla con prisión preventiva”.
Y es que la desesperación que sufrió dentro de la prisión fue grande. Era inocente y los demás no le creían. El 7 de marzo de 2022 —después de tres años y cuatro meses del hecho— la Justicia decretó la absolución de Juan y su inmediata puesta en libertad.
Cabe aclarar que hay muy pocos casos en Uruguay donde la persona es injustamente llevada a la cárcel. Pero tampoco es el único suceso. Este caso es una muestra del drama que enfrentan los presos que no son culpables en el sistema penitenciario uruguayo.
La rapiña que repercutió en la vida de un inocente
Se encontraban tres personas en el barrio Maroñas: dos mayores y un adolescente de 14 años. “El cabecilla de las rapiñas”, un hombre investigado por la policía desde un tiempo atrás, fue el líder del delito. Alrededor de las 8.30 horas del 15 de noviembre de 2019, una de las tantas recicladoras de papel que hay en la zona fue víctima de una rapiña. Estos tres individuos la dejaron sin nada; se llevaron todo. Pero no hubo heridos. Quizá se deba a que dentro de la recicladora no se toparon con ningún empleado.
Horas más tarde, los tres delincuentes —que hasta ese entonces no habían sido detenidos— se juntaron con un amigo en común, Santiago (nombre ficticio), para comentarle lo que habían hecho. Sin embargo, desde el 911 se encargaron de mirar las cámaras de seguridad y pudieron ver cómo caminaban cuatro sospechosos; los detuvieron a todos.
—Oficial: yo no tengo nada que ver —dijo Santiago.
—Qué no vas a tener nada que ver, cállese —le pidió el oficial.
—No robé nada, ¿por qué me vas a llevar preso?
—¡Dejá de hablar y cumplí con mis órdenes!
Gracias al cacheo de la policía, le encontraron dinero a los tres delincuentes, pero a Santiago no. De todas formas, fue llevado a la comisaría más cercana. El inocente fue mandado a prisión preventiva porque la policía forense identificó una huella suya en el auto que habían usado para trasladarse al lugar del hecho. Además, tenía antecedentes y la gravedad del delito lo patentaba.
“Esa prueba era la única que tenía la Fiscalía. No había más. Ahí es cuando digo que hay que cambiar aspectos de la prisión preventiva”, aseguró Diego Moreira, defensor público del acusado.
La Fiscalía solicitó una pena de seis años y cinco meses. Después de estar casi dos años preso, se pudo demostrar ante la Justicia que Santiago era inocente. El 20 de agosto de 2021 recuperó la libertad. “Fue insólito, de no creer. Por suerte en la cárcel no sufrió ningún daño”, sostuvo Moreira.
“Convengamos que la mayoría no son inocentes. Son casos excepcionales”, sostuvo el doctor Viotti. “Lo que se da frecuentemente es que, cuando está todo sobre la mesa y hay un millón de pruebas, se le ofrece a la persona una pena menor a cambio de la buena voluntad en el juicio”, añadió.
La denuncia que derivó en el encarcelamiento de un inocente
Siendo las 12.00 horas del 5 de abril de 2019, dos funcionarios policiales recorrían la zona ubicada en Tristán Narvaja entre las calles Mercedes y Colonia por una denuncia de venta de sustancias estupefacientes en la vía pública. Es así que, una vez que llegaron al lugar, ubicaron al imputado Roberto (nombre ficticio) junto a dos personas más.
—Señor, lo vamos a tener que cachear —le dijo el policía a Roberto.
—¿Por qué? —le preguntó.
—Por una denuncia.
Le incautaron 14 envoltorios de sustancia blanca (tres dosis en el bolsillo del lado derecho y, al abrirle la campera, le encontraron 11 envoltorios dentro de un morral chiquito de color naranja), mientras que a las dos personas restantes no le incautaron nada.
—Eu, ¿qué es eso que tiraste? Te vi —le dijo el policía.
Cuando Roberto levantó el pie se observó que ocultaba una bolsa blanca que contenía más droga.
En la Dirección General de Represión al Tráfico de ilícito de Drogas se le halló, dentro de unas prendas íntimas en los genitales, 25 dosis más, totalizando 39 dosis. El informe del Laboratorio de Química y Toxicología del Instituto Técnico Forense determinó que se trataba de 39 envoltorios de pasta base de cocaína, en su base libre o fumable, con un peso de 3,87 gramos. “Esta persona siempre me decía que la droga que se le incautó era para consumo”, aseguró su defensor de oficio. “Era lógico por la escasa cantidad. De igual manera la Fiscalía siguió adelante”, añadió.
Se lo formalizó con el delito tenencia no para consumo, aunque no lo hayan visto vendiendo, y la Fiscalía solicitó una pena de tres años y seis meses.
Docentes y estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Udelar) en conjunto con la Oficina del Comisionado Parlamentario, llevan adelante —desde 2020— el Proyecto Inocencia, una propuesta de investigación y extensión que busca trabajar sobre los casos de personas privadas de libertad que están injustamente en prisión. El proyecto se basa en una idea original de Norteamérica, el cual fue replicado por universidades en distintas partes del mundo.
El Proyecto Inocencia consta de los avances científicos que permiten no depender de otros medios probatorios, sino tener pruebas más certeras, con el fin de descubrir la inocencia del imputado.
Roberto era un consumidor habitual de sustancias estupefacientes, más concretamente de pasta base, desde larga data, extremo que surge acreditado con la historia clínica de Portal Amarillo. “La cantidad que se le halló es la que cualquier adicto consume”, dijo la directora de la clínica en cuestión. “Empecé en el año 2001, 2002 con el consumo, comencé con el porrito, luego cocaína… hasta que probé la pasta base en 2002, 2003 por ese año. Desde que la probé no he parado… me he internado”, confesó Roberto.
Y el inocente siguió insistiendo que la droga que tenía era para consumo…
—La droga estaba fraccionada, dividida. En el Centro te la venden así, no hay otra forma —confesó.
El 22 de noviembre de 2019 —luego de que el inocente permaneciera entre rejas siete meses— la Justicia comprobó que la droga era para consumo personal. Se absolvió el caso y se dispuso “el cese de la medida cautelar y su inmediata puesta en libertad”.
El “chiquilín” que robó en un Géant y los policías se “burlaron” de él
Caso aparte. El “chiquilin”, como así lo llaman Javier Viotti y Soledad Suárez, ambos abogados, no es inocente, pero aquí la cuestión es diferente. Tomás (nombre ficticio), de 29 años, tiene un “importante retraso y esquizofrenia”. La afección no le permite actuar de manera “normal” por sus carencias a nivel neurológico.
En los primeros días de julio de este año, Tomás se escapó de la casa debido a sus “impulsos” y fue al Géant, ubicado en Luis Alberto de Herrera. Se metió en una tienda y comenzó a probarse ropa. En un momento, las cámaras de seguridad mostraron cómo se iba poniendo distintas prendas: primero un gorro, luego un buzo, después un canguro. Al rato se decantó por sacarse el gorro y se colocó un short deportivo por encima del pantalón que previamente tenía puesto. Ni bien salió de la tienda lo acorralaron tres guardias de seguridad.
—¿Qué hace señor?, ¿A dónde va con toda esa ropa? —le preguntó uno de los guardias de seguridad.
—A mi casa —le respondió.
—¡Pero sí no compró la ropa!
Fue así que los policías fueron hasta el lugar del hecho y lo llevaron a la comisaría más cercana. La madre del presunto delincuente se empezó a preocupar porque su hijo no regresaba a su casa y acudió a la comisaría.
—Oficial, escúcheme —dijo la madre de Tomás.
—¿Qué pasó? —le preguntó el oficial.
—Hace un día que no sé nada de mi hijo, está desaparecido —le respondió muy preocupada.
—Pero cómo va a estar desaparecido si estuvo robando prendas en el Géant —dijo el oficial en tono de burla.
—¿Cómo me dijiste?
—Sí, estuvo robando ayer por el Géant.
—Mi hijo tiene un gran problema de salud, oficial. No lo hizo porque quiso —le aseguró.
—Pero es un robo, no importa su condición.
—¿Cuánto es el valor de lo que robo?
—Once mil pesos.
—Bueno, lo pago y lo liberan.
—No señora, así no funciona. Ahora tiene que cumplir la pena.
Mientras tanto y entre rejas, Tomás gritaba:
—¡Mamá, mamá!… ¿Dónde estás? ¡Mamá, mamá!… ¿Dónde estás?
“¿Los policías no se dieron cuenta de que no era una persona normal? Es de una crueldad todo lo que hicieron”, sostuvo Suárez, la abogada del caso.
El informe psiquiátrico que fue entregado a la Justicia decía: “Se trata de un paciente de 29 años que vive con los padres y una hermana. Soltero desempleado, portador de déficit de intelectual precozmente adquirido. Consulta con psiquiatra desde la infancia por trastornos conductuales. Presenta, además, como patología un grave trastorno por consumo de pasta base. Su retraso en el neurodesarrollo no le permite ser consciente de sus actos. No autovalido, dependiente de sus padres por sus trastornos. Cabe destacar, además, que su fuerte dependencia a la pasta base lo expone repetidamente a situaciones de riesgo. Paciente con alta vulnerabilidad que requiere supervisión”.
“No logramos nada presentando ese informe, no les importó en absoluto”, confesó Suárez. “El contexto en que se dio todo y de la forma en la que fue llevado a cabo, violenta todos los derechos para una persona de este tipo y lamentablemente esto se da reiteradamente en la sociedad”, agregó Viotti a los dichos de su colega.
—¿Qué edad tiene? —le preguntó la jueza a Tomás.
—No sé… —le respondió.
—¿No sabe señor?, ¿cómo no sabe la edad que tiene?
—No sé…
—¿No sabe cuándo fue su cumpleaños?
Ante la incómoda situación por la que pasaba el acusado, su defensor de oficio lo ayudó y le dijo a la jueza su fecha de nacimiento…
—O sea que cumplió hace dos meses ¿No se acuerda que usted cumplió hace dos meses? —le seguía insistiendo la jueza, pero en tono de burla.
“Él no supo ubicarse en tiempo y espacio. Eso demostró su incapacidad intelectual. Le tomaron el pelo. Nadie respetó nada”, aseguró Suarez.
El 30 de enero de 2023, el “chiquilín” quedó en libertad debido a que cumplió con la pena otorgada.
